Reformas procesales y otras modificaciones introducidas por el RDL 6/2023

Reformas procesales y otras modificaciones introducidas por el RDL 6/2023

Reformas procesales y otras modificaciones introducidas por el RDL 6/2023 3742 2117 CEN Justicia

En la última edición del BOE de diciembre del 2023 se introdujeron nuevas reformas procesales y modificaciones que afectan al temario de las oposiciones de Auxilio Judicial y Tramitación Procesal. ¿Quieres saber qué cambios son? Sigue leyendo este artículo para conocer las principales modificaciones.

En la edición del Boletín Oficial del Estado (BOE) del 20 de diciembre de 2023, se hizo pública la promulgación del Real Decreto-ley 6/2023, con fecha del 19 de diciembre, el cual establece medidas urgentes para la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en áreas relacionadas con el servicio público de justicia, la función pública, el régimen local y el mecenazgo.

Dicho Real decreto-ley abarca un conjunto de disposiciones destinadas a la transformación digital y procesal de la Administración de Justicia, con el objetivo de mejorar el servicio público ofrecido a la ciudadanía. Estas medidas se pueden agrupar en dos bloques principales: el primero busca la adaptación de la administración de justicia al entorno tecnológico y digital, mientras que el segundo está orientado a optimizar la eficiencia procesal, agilizando los procedimientos judiciales en respuesta al aumento de la litigiosidad.

Principales reformas procesales y modificaciones introducidas por la ley:

Adaptación al marco tecnológico y digital

Tramitación electrónica de los procedimientos judiciales; iniciación y tramitación del procedimiento de manera electrónica; orientación al dato; intercambios masivos de información; expediente judicial electrónico; documento judicial electrónico; actos de comunicación; actuaciones automatizadas.

Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

En el ámbito de la jurisdicción penal, la presente norma contempla disposiciones de gran relevancia, entre las cuales destaca la modificación introducida en el artículo 258 bis del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, que aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dicha modificación establece una regla de preferencia para la realización de actos procesales a través de presencia telemática, con la expresa excepción de las actuaciones de índole personal, como los interrogatorios de partes o testigos. Además, se excluyen aquellas excepciones inherentes al ámbito del Derecho Penal, preservando al mismo tiempo la facultad de la autoridad judicial para determinar la posible realización de cualquier acto procesal mediante presencia física.

Reforma de la Ley jurisdicción contencioso-administrativa

En el ámbito del proceso contencioso-administrativo, también se aborda la modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con el objeto no solo de dotar a los juzgados y tribunales de herramientas que permitan agilizar la tramitación como la resolución de los pleitos de que conocen, sino también de profundizar en el uso de medios electrónicos.

Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil

En el ámbito de la jurisdicción civil, se implementan modificaciones en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, adoptando medidas que tienen en cuenta la situación y necesidades de las personas mayores. Estas modificaciones buscan eliminar las barreras que dificultan su participación en los procesos judiciales en condiciones de igualdad, contribuyendo así a la creación de un servicio público de Justicia inclusivo y accesible. Además de estas medidas, se incluyen otras acciones, como la ampliación de las materias que, independientemente de su cuantía, serán tramitadas según las normas del juicio verbal, la introducción del procedimiento testigo, y las reformas implementadas en los procesos de familia y ejecución. Estas reformas tienen como objetivo agilizar los litigios sin comprometer las garantías procesales ni los derechos de las partes. 

Reforma de la Ley de Jurisdicción voluntaria: una de las reformas procesales y modificaciones introducidas por el RDL

La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, experimenta modificaciones para ajustarse a las medidas de eficiencia procesal contempladas en este primer libro, especialmente en lo que respecta a la tramitación electrónica.

Entre las principales novedades incorporadas a dicha ley, destacan las siguientes: en la fase inicial del expediente de jurisdicción voluntaria, se añaden a los datos y circunstancias de identificación del solicitante la indicación de un domicilio para notificaciones y, en los casos en que las personas estén obligadas a interactuar con la Administración de Justicia por medios electrónicos, se solicita voluntariamente una dirección de correo electrónico, siendo opcional en otros casos.

Se permite la presentación de la solicitud por cualquier medio, abarcando aquellos contemplados en la normativa de acceso electrónico de los ciudadanos a la Administración de Justicia. Además, se establece la obligación, en los expedientes de declaración de ausencia, de publicar la resolución de admisión en el Tablón Judicial Edictal Único.

Reforma de la función pública

            El libro segundo (arts. 105 a 127), titulado «Medidas legislativas urgentes en materia de función pública», presenta cambios estructurales en la Función Pública. Consta de cuatro títulos:

Planificación Estratégica de Recursos Humanos (Título I): Vincula estrechamente la planificación plurianual de la Administración del Estado, abarcando aspectos presupuestarios y funcionales.

Acceso y Selección (Título II): Destaca por potenciar la agilidad y eficiencia en los procesos selectivos, estableciendo la duración máxima de estos y territorializando las pruebas.

Evaluación del Desempeño y Carrera Profesional (Título III): Relaciona la evaluación del desempeño con la planificación estratégica y la carrera profesional, introduciendo la carrera horizontal. Busca mejorar la productividad y calidad de los servicios públicos mediante la valoración de la conducta profesional y el cumplimiento de objetivos.

Personal Directivo Público Profesional (Título IV): Define al personal directivo público profesional como aquel que realiza funciones directivas para el desarrollo de políticas y programas públicos, con autonomía, responsabilidad y control del cumplimiento de objetivos según instrucciones superiores.

Reforma de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local: la última de las reformas procesales y modificaciones introducidas por el RDL

El libro tercero se enfoca en la reforma de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, mediante un solo artículo (art. 127) con el objetivo de acelerar y expandir la oferta de servicios públicos locales a través de medios digitales, especialmente para garantizar la prestación de servicios en municipios pequeños.

Principales reformas:

  •             Se mejora el padrón municipal.
  •             Se modifica también la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local para reducir el número de habitantes necesario para la creación de nuevos municipios.
  •             Se introduce el principio de diferenciación en la atribución de competencias a los municipios.
  •             Se incluyen medidas específicas de apoyo y colaboración con los municipios de menor población.
  •             Obligación de las entidades locales de crear y mantener un Portal de Internet de información a los vecinos.
  •             Obligación de las entidades locales de elaborar Planes que tengan por objeto la implementación de mecanismos digitales.

Reforma de la Ley del mecenazgo

            La reforma de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, busca establecer un marco jurídico, fiscal y laboral adecuado para el sector cultural y otros, con el propósito de mejorar la protección social y aumentar la participación de inversores, incentivando el mecenazgo en diversos sectores económicos. Se incrementan los incentivos fiscales al mecenazgo para personas físicas, jurídicas y no residentes, promoviendo figuras como el micro mecenazgo y la donación continuada.

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